Condenan al Concesionario de automóviles Bronx Honda a pagar $ 1.5 millones para liquidar cargos de la FTC,por discriminar compradores afroamericanos e hispanos de automóviles

• falló en honrar los precios de venta anunciados, inflando el costo a través de una variedad de métodos;
• cambió el precio de venta en el papeleo en el medio de la venta sin decirle al consumidor, una práctica a la que los acusados ​​se refirieron internamente como agregar “dinero aéreo” al contrato;
• consumidores con doble cargo por impuestos y tarifas sin su conocimiento; y  
• les dijo a los consumidores que tenían que pagar miles de dólares en tarifas innecesarias para comprar automóviles “usados ​​usados ​​certificados” que ese programa no requería.

La queja alega que los demandados violaron la Ley FTC, la Ley de Veracidad en los Préstamos (TILA) y la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito (ECOA). Además del pago de $ 1.5 millones que se utilizará para proporcionar reparación a los consumidores,  los acuerdos también prohíben a  Bronx Honda  y  Fittanto  tergiversar el costo o los términos para comprar, arrendar o financiar un automóvil, o si una tarifa o cargo es opcional. También se les exigirá que establezcan un programa de préstamos justos que, entre otros componentes, limite la cantidad de margen de interés adicional que pueden cobrar a los consumidores. 
La FTC desea agradecer a la Oficina del Fiscal de Distrito del Bronx por su inestimable ayuda con la investigación y por su trabajo como socio de las fuerzas del orden en la protección de los consumidores.

El voto de la Comisión autorizando al personal a presentar la queja y la orden final estipulada fue 5-0. La Comisionada Rohit Chopra y la Comisionada Rebecca Kelly Slaughter emitieron declaraciones concurrentes. La FTC presentó la queja y la orden final en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
NOTA: La Comisión presenta una queja cuando tiene “razones para creer” que los acusados ​​nombrados están violando o están a punto de violar la ley y le parece que un procedimiento es de interés público. Los mandatos / órdenes finales estipulados tienen fuerza de ley cuando son aprobados y firmados por el juez del Tribunal de Distrito